Sin embargo, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha afirmado que "nosotros preferimos reducir gastos e impuestos". Pero ¿a qué gastos se refiere?
Parece que el ayuntamiento se ha reunido con los sindicatos para tratar de encontrar la fórmula que permita ahorrar en el corto plazo entre 50 y 60 millones de euros. En principio se inclina por la reducción en gasto social, privatización y externalización de servicios como la Casa de Amparo, edificios oficiales de las esquinas del psiquiátrico, etc., así como por la reducción de las partidas a contratas existentes (Focsa, Tuzsa...). Pero lo más grave es que desde el ayuntamiento se podría estar sugiriendo a determinadas empresas que “adelgacen” sus plantillas mediante expedientes de regulación de empleo (E.R.E).
En un país como España en la que la mayoría de los acuerdos salariales de las empresas se consigue por la vía de la negociación colectiva, los sueldos crecen más que el objetivo de inflación marcado por el Banco Central Europeo. Consecuentemente las empresas optan por las reducciones de plantilla para equilibrar su balanza en un momento en el que los ingresos no responden a los presupuestos de hace un año. Parece lógico que la empresa privada pida sacrificios a los trabajadores y sindicatos pero resulta inadmisible que se potencien este tipo de medidas por el Ayuntamiento, cuando además esta institución participa de proyectos faraónicos con una ligereza en la asignación de partidas económicas que escapa al control ciudadano. ¿Tiene sentido en este momento tan sólo contemplar la posibilidad de una candidatura a la Exposición de Horticultura cuando puede costarnos 134 millones de euros? (Lo cual significa, conocida la experiencia de la Expo 2008, que la cifra final rondaría los 200 millones de euros). ¿Nos encontramos en el mejor momento para acometer proyectos de la envergadura del nuevo campo de fútbol, en un país con más de un millón de viviendas sin vender, o la irreversible puesta en marcha del tranvía?
Leíamos en el Heraldo de Aragón hace unos meses que “el Ayuntamiento de Zaragoza sigue siendo la institución aragonesa que mejor paga a sus concejales y a su larga lista de asesores. En total, de las arcas municipales saldrán 3,4 millones de euros en 2009 para pagar a 63 altos cargos y a los trabajadores eventuales y otros 2,5 para las nóminas de los 31 concejales (…). Las tres primeras tenencias de alcaldía tienen tres asesores cada una, entre los que figuran los jefes de gabinete. Junto al interventor, el secretario y los coordinadores generales son los mejor pagados del Ayuntamiento, con sueldos que en todos los casos superan los 100.000 euros. Además hay dos directores generales, con un sueldo de 80.000 euros sin incluir la Seguridad Social.”.
Es evidente que donde sí se precisaría un buen “ERE” es en el propio Ayuntamiento y en las decenas de sociedades y organismos financiadas con dinero público, dinero de todos utilizado para pagar nóminas de personal cuya contratación escapa a todo control, para abonar dietas a los concejales como miembros de sus consejos de administración, por no hablar de comidas, coches o gastos varios “de protocolo”. Esos son los gastos que habría que suprimir. ◦
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