Una entidad pública empresarial es un organismo público que se rige por el derecho privado y que tiene una capacidad similar a cualquier empresa privada para intervenir en el mercado. Pero un detalle muy importante de estas entidades es que las empresas que se financien al menos con un 50% de ingresos propios están exentas de computar su deuda y por tanto esta no se añade a la del Ayuntamiento. De esta forma, y presentando como avales los activos de dicha entidad, el Ayuntamiento podría “disimular” parte de su abultada deuda y de esta forma evitar algunos de los controles impuestos por el Gobierno de la nación.
Hace dos años el Sr. Martín de CHA era prudente con este proyecto y ponía como condiciones: "Que no suponga mayor gasto que el actual, que no suponga una merma de los derechos sindicales de los trabajadores y que no sea una entidad instrumental, sino que permita agilizar y modernizar la estructura actual", el Sr. Alonso de IU era, como siempre, más radical y decía que bajo ningún concepto esta justificado crear un nuevo macroorganismo de control al estilo de las empresas públicas del Gobierno de Aragón, que en vez de agilizar la estructura la haga más pesada y sirva para colocar a más gente (El Periódico de Aragón 14/01/2009 http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadeldia/la-oposicion-admite-que-hacen-falta-cambios-en-cultura-pero-desconfia_469485.html).
Estamos en 2.011 y las circunstancias han cambiado, ni CHA ni IU están en el gobierno pero tampoco están en una oposición crítica. Veremos si en este caso CHA e IU hacen valer sus planteamientos ideológicos o se dejan llevar por la corriente “amistosa” que los une con el PSOE. La creación de Entidades Públicas Empresariales, a pesar de que añade un punto de falta de transparencia y control a las cuentas municipales, no tiene que ser negativa por principio, pero la gestión del proceso de creación de estas entidades debe ser absolutamente transparente para evitar abusos.
Por otro lado, también debe tenerse en cuenta la opinión de los afectados: los trabajadores. Estos deben ser un parte fundamental de un proceso en el que, y ahí coincido con el Sr. Martín: “no suponga una merma de los derechos sindicales de los trabajadores”, máxime cuando las entidades permiten evitar los concursos de “mérito y capacidad”, así como registrar elevados sueldos para sus dirigentes.
En cualquier caso, esperaremos acontecimientos.
Zaragoza. Agosto de 2.011
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