El respeto a las normas parece constituir algo básico en cualquier sociedad democrática. Todavía puede parecer más exigente este compromiso en aquellos políticos o gobernantes que se encargan de velar de la calidad democrática de esa misma sociedad. No voy a reclamar que, como hizo Sócrates hace más de 2000 años, la defensa de este modelo prevalezca sobre la propia vida, ahora bien, entre uno y otro extremo podemos encontrar un equilibrio razonable.
Sócrates decía, por boca de Platón en su Apología, que “creí que era mucho mejor estar de parte de la ley y de la justicia, aunque eso me supusiera graves peligros, que ponerme de vuestra parte en busca de seguridades, si por ello debía ir en contra de la justicia”. Parece que los representantes municipales de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza tienen su propia idea de lo que significa ser un representante de los ciudadanos o el respeto a las leyes.
Hace unos días José Manuel Alonso anunciaba que iba a presentar en el próximo pleno una moción para rechazar el pago de las cuotas exigidas por la Sociedad General de Autores y Editores hasta que no hagan público su catálogo de asociados. No voy a ser yo quien defienda a la SGAE, a la AIE o a la AGEDI (porque conviene recordar que cobran derechos además de los autores, los productores y los artistas, intérpretes o ejecutantes), sin embargo no parece que la fórmula sea la desobediencia financiera sino la regulación adecuada de los citados derechos, la desaparición del monopolio, la transparencia, etc. Vincular los pagos al conocimiento del catálogo de asociados, es como vincular el pago del IBI a la publicación de la lista de personal municipal de confianza, con sus correspondiente emolumentos.
Ahora conocemos una nueva iniciativa soportada por estos modernos revolucionarios de salón: “Desobedece la ordenanza INcívica: ¡Pinta con tiza!”, que básicamente consiste en una “pintada popular” para reclamar la derogación de una ordenanza municipal que, según los convocantes, no sirve para proteger el espacio urbano sino para “reprimir y castigar a las asociaciones”, todas ellas curiosamente vinculadas a IU. En otras palabras, un partido como IU con capacidad para hacerse oír en el Ayuntamiento de Zaragoza, opta por la insumisión a la normativa frente al debate y al normal juego democrático, ¡curiosa forma de entender el papel de representantes que les han dado los ciudadanos!
Para que esta entrada no quede en sólo una crítica a IU, daré mi personal visión de la situación: si es cierto que alguien puede ser multado con 1.500 € por pintar o decorar el carril bici o por pegar unos pocos carteles, me parece un auténtico desatino. Ahora bien, llevemos las cosas de nuevo al extremo: ¿Consideramos normal el empapelado de nuestras calles con carteles publicitarios, independientemente de que sean de organizaciones vecinales o privadas? ¿Nos parecería razonable que nuestros carriles bici estuvieran pintados al punto de que fueran indistinguibles las líneas que los delimitan? ¿A quién haríamos responsable si por causa de estas pintadas se produjera un accidente? Es obvio que dibujo una situación extrema, no obstante entre este límite y los 1.500 € es razonable pensar que pueda encontrarse un término medio.
Los partidos con presencia en nuestro ayuntamiento tienen capacidad para instar estos cambios. Es ese el modelo que nos hemos dado, las concentraciones ciudadanas tienen otro recorrido y pretenden conseguir otros objetivos, no siempre públicos y notorios. Se puede apoyar desde los partidos políticos ese tipo de manifestaciones populares, si son respetuosas, ahora bien nunca me parecerá una opción ponerse de perfil ante la Ley.
Zaragoza. Febrero de 2.012 ◦
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